Ley General en Materia de Delitos Electorales clarifica las reglas para las siguientes elecciones.- Pedro Pablo Treviño

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La aprobación de la Ley General en Materia de
Delitos Electorales por el Pleno de la Cámara de Diputados es un gran avance en
la modernidad de la democracia en México y clarifica las reglas que regirán las
próximas elecciones, destacó el legislador federal Pedro Pablo Treviño
Villarreal.
El diputado priista por Nuevo León subrayó que
gracias a esta ley que forma parte de las leyes secundarias de la Reforma
Político-Electoral se establecerán los delitos electorales y sus sanciones, así
como la coordinación que debe llevarse a cabo en los tres niveles de gobierno,
como lo son el Federal, Estatal y Municipal.
“Esta ley es de gran trascendencia para la
democracia porque protege el adecuado desarrollo de procesos electorales, de
consulta popular y la libertad de los mexicanos y las mexicanas de votar.
“Además fortalece la transparencia y la rendición de
cuentas en la utilización de los recursos y su debida fiscalización, mismas que
se aplicarán  en las elecciones del
2015”, subrayó el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal.
El legislador dijo que al aprobar esta ley se consolida
el sistema jurídico electoral al establecer los tipos penales que impiden la
realización de los principios electorales consagrados en la norma fundamental.
ASPECTOS
RELEVANTES DE LA LEY
·        Los ministros de culto religioso que
induzcan a los feligreses al voto por un candidato cualquiera o a abstenerse de
ejercer su derecho al voto, se les podrá sancionar hasta con 500 días multa.
·        Los servidores públicos o funcionarios
partidistas que atenten contra el ejercicio de la función pública electoral, se
les podrá aplicar el doble de las penas respectivas.
·        Quien realice, destine o reciba
aportaciones en dinero o en especie, de origen ilícito, a favor de algún
precandidato, candidato, partido político o coalición, se le impondrán hasta 15
años de prisión.
·        Se impondrá prisión de hasta 3 años a
quien durante una consulta popular, presione a los electores, el día de la
jornada, en el interior de las casillas o en el lugar para votar.
·        Al servidor público que coaccione,
induzca al voto o amenace a sus subordinados para votar en determinado sentido
en una consulta popular, se le impondrán hasta 9 años de prisión.
·        Se definen principios de colaboración
entre la Federación y las entidades federativas para perseguir los delitos
electorales.
·        Se instrumentará un Sistema Nacional de
Formación, Actualización, Capacitación y Profesionalización de los encargados
de los procesos de investigación de este tipo de delitos.
·        A quien recoja sin causa legal una o más
credenciales para votar de los ciudadanos, se le podrán imponer hasta 3 años de
prisión.
·        A quien organice una reunión o
transporte a votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de
influir en su voto, se le impondrán hasta 3 años de prisión.
·        El Ministerio Público deberá iniciar de
oficio la investigación correspondiente cuando tenga noticia de la comisión de
un probable delito electoral.
·        A más tardar en seis meses a la entrada
en vigor del Decreto de la LGMDE, los Congresos de los Estados y la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, deberán hacer las reformas correspondientes a
sus legislaciones en la materia.
·        Dentro de los 60 días de la entrada en
vigor de la LGMDE, el Senado de la República deberá nombrar al titular de la
Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales mediante el voto de
las dos terceras partes de sus miembros.
El diputado federal
Pedro Pablo Treviño Villarreal añadió que esta ley es en respuesta a los
reclamos de la sociedad agraviada por la impunidad, la corrupción y la falta de
coordinación entre las autoridades.